Real Decreto-leyNacionalvigente

Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

BOE-A-2017-2985Publicada: 18/03/2017JEFATURA DEL ESTADO

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto- ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Real Decreto-ley 5/2017 modifica las normas vigentes sobre protección de deudores hipotecarios sin recursos, extendiendo el plazo de suspensión de desahucios y estableciendo medidas complementarias para la recuperación de la vivienda. 2. **CONTEXTO** Desde 2012 se han implementado medidas para proteger a familias en situación de vulnerabilidad tras la crisis económica. La Ley 1/2013, aprobada en 2013, estableció una suspensión de desahucios por dos años para ciertos colectivos. El Real Decreto-ley 6/2012 introdujo un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias. Con la finalización del plazo de la Ley 1/2013, se necesitaba una norma que prolongara y complementara estas medidas. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** El Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo de 2017, modifica el Real Decreto-ley 6/2012 y la Ley 1/2013, con el objetivo de ampliar y mejorar la protección de los deudores hipotecarios sin recursos. En primer lugar, se prolonga el plazo de suspensión de los desahucios de las familias en situación de especial riesgo de exclusión, que se extendió de dos a cinco años, según el artículo 1.1 de la Ley 1/2013. Este plazo se aplicará a los deudores que se encontraran en dicha situación en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, es decir, el 18 de marzo de 2017. Además, se establecen medidas complementarias para la recuperación de la vivienda habitual por parte de los deudores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2013. Estas medidas se detallan en la Disposición adicional segunda, donde se establece que el Gobierno deberá proponer, en un plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad. Estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda, la posibilidad de descuento de las cantidades satisfechas por el ejecutado para la amortización del préstamo, así como las mejoras realizadas a su cargo durante el período en que estuvo suspendido el lanzamiento. El Real Decreto-ley también establece que las comunicaciones sobre las medidas adoptadas se publicarán trimestralmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que no haya modificación alguna. En cuanto a la competencia legislativa, el Real Decreto-ley se dicta al amparo de las reglas 6.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil y procesal, legislación civil, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente. Finalmente, el Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según la Disposición final segunda. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Real Decreto-ley 5/2017 prolonga la protección de los deudores hipotecarios sin recursos y establece medidas para su recuperación. Se amplía el plazo de suspensión de desahucios y se crea un marco para facilitar la recuperación de la vivienda. La norma se dicta al amparo de la Constitución y entra en vigor al día siguiente de su publicación. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Prolongación del plazo de suspensión de desahucios**: Se extiende de dos a cinco años para ciertos colectivos. ⚠️ **Medidas complementarias para la recuperación de la vivienda**: Se establecen criterios para garantizar un precio equitativo en la recuperación. 📋 **Publicación trimestral de comunicaciones**: Se requiere la publicación en medios oficiales. ℹ️ **Competencia legislativa del Estado**: La norma se dicta al amparo de la Constitución. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Real Decreto-ley - **Tipo**: Modificación de normas vigentes - **Fecha**: 17 de marzo de 2017 - **Materias**: Derecho hipotecario, protección de deudores, reestructuración de deuda, vivienda - **Relevancia**: ALTA ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Antes de este Real Decreto-ley, la protección a deudores hipotecarios sin recursos se articulaba principalmente a través del Real Decreto-ley 27/2012 y la posterior Ley 1/2013, que establecieron suspensiones temporales de lanzamientos para colectivos vulnerables y un Código de Buenas Prácticas bancarias. Estas medidas, de ámbito nacional, buscaban paliar la crisis económica, a diferencia de normativas autonómicas que pudieran haber desarrollado enfoques distintos o más amplios en materia de vivienda social. La normativa estatal ha sido aprobada por el Gobierno central, mientras que la implementación y desarrollo de políticas de vivienda social son competencia compartida, aunque la protección hipotecaria directa recae en el Estado. Esta diferencia es crucial para el ciudadano, ya que garantiza un marco de protección mínimo y uniforme en todo el territorio español frente a situaciones de desahucio, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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