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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3263-2023, en relación con el artículo 2.2 del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres, por posible vulneración del artículo 38 de la Constitución Española.

BOE-A-2023-13799Publicada: 12/06/2023TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3263-2023, en relación con el artículo 2.2 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3263-2023, planteada por la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 2.2 del Decreto-ley de las Illes Balears 1/2019, por posible vulneración del artículo 38 de la Constitución Española. 2. **CONTEXTO** La cuestión surge del recurso de casación núm. 7152-2021, en el que se cuestiona la constitucionalidad del artículo 2.2 del Decreto-ley de las Illes Balears 1/2019. Este decreto-ley establece medidas urgentes sobre la explotación y control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir la cuestión a trámite y reservar su conocimiento. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** La cuestión de inconstitucionalidad n.º 3263-2023 plantea la posible violación del artículo 38 de la Constitución Española por parte del artículo 2.2 del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 1/2019, de 22 de febrero de 2019, que establece medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres. El artículo 38 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de empresa, incluyendo el derecho a la libertad de iniciativa económica y a la propiedad privada, con la condición de que no se violen los derechos de los demás ni el interés general. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 6 de junio de 2023, ha acordado admitir a trámite la cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permite al Pleno reservarse el conocimiento de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. De conformidad con el artículo 37.2 de la LOTC, quienes sean parte en el recurso de casación núm. 7152-2021 podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional refleja la necesidad de analizar si el artículo 2.2 del Decreto-ley en cuestión limita de manera excesiva el derecho a la libertad de empresa, tal como se establece en el artículo 38 de la Constitución. La cuestión se centra en si la norma impone restricciones que no son proporcionadas o que afectan de forma desproporcionada a la libertad de iniciativa económica. El Tribunal Constitucional ha reservado para sí el conocimiento de la cuestión, lo que implica que no será resuelta por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, sino que será analizada directamente por el Pleno. Esta decisión refleja la importancia que se le da a la cuestión planteada, ya que se considera que afecta a principios constitucionales fundamentales. La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad permite que se lleve a cabo un análisis detallado de la norma en cuestión, con el fin de determinar si cumple con los principios constitucionales establecidos. Este proceso es fundamental para garantizar la uniformidad e igualdad de aplicación de la Constitución en todo el territorio español. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección 3.ª del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 2.2 del Decreto-ley de las Illes Balears 1/2019. El Pleno ha reservado el conocimiento de la cuestión, lo que indica su importancia constitucional. Quienes sean parte en el recurso podrán personarse ante el Tribunal dentro de un plazo de quince días. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Admisión a trámite**: El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3263-2023. ⚠️ **Reserva del conocimiento**: El Pleno se reserva el análisis de la cuestión, lo que indica su relevancia constitucional. 📋 **Plazo para personarse**: Quienes sean parte en el recurso podrán personarse ante el Tribunal dentro de quince días. ℹ️ **Artículo 38 de la Constitución**: Se cuestiona si el artículo 2.2 del Decreto-ley viola este derecho fundamental. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Boletín Oficial del Estado - **Tipo**: Resolución - **Fecha**: 6 de junio de 2023 - **Materias**: Derecho constitucional, libertad de empresa, transporte terrestre - **Relevancia**: ALTA ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Antes de esta cuestión de inconstitucionalidad, la normativa balear sobre alquiler de vehículos con conductor (VTC) se regía por el Decreto-ley 1/2019, que buscaba regular y controlar esta actividad. La norma estatal, en su desarrollo, ha sido objeto de diversas interpretaciones y regulaciones a lo largo del tiempo, y las directivas europeas establecen marcos generales para la liberalización de servicios, aunque la aplicación concreta en el transporte terrestre puede variar. Otras Comunidades Autónomas han adoptado enfoques distintos en la regulación de las VTC, algunas más restrictivas y otras más abiertas, lo que genera un panorama heterogéneo. La aprobación de este artículo por el Gobierno balear y su posterior cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional por posible vulneración de la libertad de empresa (art. 38 CE) es crucial para el ciudadano, ya que determinará la seguridad jurídica y las condiciones de acceso y ejercicio de esta actividad, afectando tanto a los operadores como a los usuarios del servicio. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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