Sentencia de 17 de diciembre de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo 407/2023 contra el Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 17 de diciembre de 2024, que resuelve un recurso judicial presentado contra el Real Decreto 64/2023. Ese real decreto aprobaba el reglamento que regulaba cómo acceder a las profesiones de abogado y procurador en España. El Tribunal ha estimado el recurso y ha ordenado publicar su fallo en el BOE. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a quienes querían acceder a las profesiones de abogacía y procura al amparo de ese reglamento, así como a los colegios profesionales y a la Administración del Estado, que fue la parte condenada en costas. El recurso lo interpuso el Consejo General de Procuradores de España. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo anula por completo el Real Decreto 64/2023 por ser contrario a derecho, lo que significa que ese reglamento deja de tener validez legal. Como consecuencia, las normas de acceso a las profesiones de abogacía y procura que ese reglamento establecía quedan sin efecto, y la Administración debe hacerse cargo de las costas del proceso judicial.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 34/2006 sobre acceso a las profesiones de Abogacía y Procura estableció el modelo de formación y evaluación (Máster en Acceso a la Abogacía) que fue pionero en Europa, creando una barrera de calidad entre el grado universitario y el ejercicio profesional. El RD 64/2023, que desarrolló reglamentariamente este sistema, fue recurrido por el Consejo General de Procuradores, que consideró que vulneraba la autonomía de la Procura frente a la Abogacía. La anulación total del RD por el TS crea un vacío normativo que afecta al acceso de miles de estudiantes que anualmente completan el Máster. La sentencia reabre el debate sobre la integración de las profesiones jurídicas (abogado-procurador) que lleva décadas pendiente en España y que otros países europeos como Alemania y Francia ya resolvieron con modelos unificados.