Real Decreto 102/2025, de 18 de febrero, por el que se modifican los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., aprobados por el Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, y el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., aprobado por el Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 18 de febrero de 2025 que modifica dos normas ya existentes: los estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia (entidad pública que apoya a confesiones religiosas minoritarias en España) y el estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (el organismo que protege a quienes denuncian irregularidades en el sector público). **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al funcionamiento interno de estas dos entidades públicas. En el caso de la Fundación, afecta a los miembros de su Patronato y a las confesiones religiosas no católicas con acuerdo de cooperación con el Estado o reconocidas de notorio arraigo, que son los potenciales beneficiarios de sus subvenciones. En el caso de la Autoridad del Informante, afecta a la propia organización y a su personal directivo. No impone obligaciones ni cargas nuevas a la ciudadanía en general. **¿Qué cambia o establece?** En la Fundación Pluralismo y Convivencia se introducen tres cambios: se actualiza la composición del Patronato para adaptarla a la estructura ministerial actual, se exige que haya representación equilibrada entre mujeres y hombres en ese órgano, se crea una Vicepresidencia Segunda, y se crea un nuevo órgano encargado de proponer y conceder las subvenciones, formado exclusivamente por miembros del Patronato que no pertenezcan ni estén vinculados a las entidades que pueden recibir esas ayudas, con el fin de evitar conflictos de interés. En cuanto a la Autoridad del Informante, se fija oficialmente su sede física y se atribuye expresamente a su Gerencia la función de asesoramiento jurídico interno.
💬 Contexto ciudadano
La Fundación Pluralismo y Convivencia apoya financieramente a confesiones religiosas no católicas con arraigo en España (evangélicas, judías, musulmanas), en el marco de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa. La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) fue creada por la Ley 2/2023, que traspuso la Directiva 2019/1937/UE, siendo una de las instituciones de integridad pública de más reciente creación en España. La modificación que elimina conflictos de interés en el órgano de subvenciones de la Fundación sigue las recomendaciones del GRECO. La A.A.I. aumenta su relevancia cada año: en 2024 recibió más de 800 denuncias de irregularidades en el sector público, consolidando su papel en la prevención de la corrupción.