Ley 8/2024, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2025.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2025, aprobada por la Junta General del Principado el 27 de diciembre de 2024. Fija cuánto dinero puede gastar e ingresa el Gobierno regional durante ese ejercicio, y es el principal instrumento con el que la administración autonómica planifica y concreta sus políticas públicas para ese año. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la ciudadanía residente en Asturias, ya que regula los servicios públicos que reciben —sanidad, educación, vivienda, empleo, etc.—, así como a los organismos, empresas públicas y entidades dependientes del Principado que deben ajustar su actividad y gasto a lo que esta ley autoriza. **¿Qué cambia o establece?** Fija un límite de gasto no financiero de 6.091 millones de euros para 2025, un 5,7 % más que el año anterior. Entre las medidas concretas que recoge destacan la integración de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, la gratuidad de las matrículas universitarias para rentas bajas, actuaciones para reducir las listas de espera sanitarias y garantizar la atención a personas mayores, incentivos a la I+D+i y el empleo, y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Todo ello dentro de un marco de control del déficit público, con un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas fijado por el Gobierno central.
💬 Contexto ciudadano
Los Presupuestos de Asturias para 2025 (6.091 millones de euros, +5,7%) se aprueban bajo el Gobierno del PSOE asturiano con apoyo del PP, en una legislatura marcada por la pérdida de representación de los partidos de izquierda minoritarios. La integración de la red de escuelas infantiles de 0-3 años y la gratuidad universitaria para rentas bajas son los hitos sociales más destacados. En comparación con los presupuestos de Cantabria y Galicia (con gobierno de derecha), el de Asturias mantiene un perfil más social con mayor gasto en dependencia y sanidad. La aprobación dentro del plazo ordinario contrasta con la prórroga presupuestaria del Estado, y su objetivo de déficit del 0,1% del PIB cumple con las reglas fiscales europeas reactivadas en 2024.