Orden DCA/348/2026, de 8 de abril, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo, en las ciudades de Ceuta y de Melilla, del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una orden que explica cómo funcionará el proceso para que personas con discapacidad en Ceuta y Melilla obtengan el reconocimiento oficial de su grado de discapacidad. Desarrolla las reglas que ya existen a nivel nacional, adaptándolas a estas dos ciudades autónomas. **A quién afecta** A personas que viven en Ceuta o Melilla y necesitan que un organismo público reconozca formalmente su discapacidad para acceder a prestaciones, ajustes en el trabajo, educación especializada o beneficios sociales. También afecta a los servicios de salud locales que tramitan estas solicitudes. **Qué cambia** Establece los pasos concretos que debe seguir alguien que solicita el reconocimiento: quién evalúa, qué documentación hay que presentar, cómo se califica el grado (leve, moderado, severo), plazos para resolver y dónde recurrir si no está de acuerdo. Asegura que el proceso sea igual para todos en ambas ciudades y se alinee con lo que ocurre en el resto de España. **Cuándo entra en vigor** Desde el 8 de abril de 2026. A partir de esa fecha, cualquier persona en Ceuta o Melilla que quiera solicitar el reconocimiento de discapacidad deberá seguir estos procedimientos específ
💬 Contexto ciudadano
El reconocimiento del grado de discapacidad es competencia transferida a las CCAA desde los años ochenta, pero Ceuta y Melilla, como ciudades autónomas sin competencias plenas, dependían de la administración estatal para este procedimiento. El RD 888/2022 unificó el procedimiento a nivel nacional, pero requería desarrollo específico para estos territorios. Esta orden subsana el vacío procedimental que dejaba a residentes de Ceuta y Melilla en situación de desventaja respecto a cualquier ciudadano peninsular, donde los equipos de valoración de las CCAA funcionaban con procedimientos propios. Para afectados, el impacto es inmediato: acceso normalizado a prestaciones, desgravaciones fiscales y servicios de apoyo a la discapacidad.