Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
¿Qué dice esta ley?
**Ayuda económica para familiares de funcionarios fallecidos** Esta orden ministerial establece las normas para conceder un subsidio económico destinado a los familiares de los funcionarios civiles del Estado cuando estos fallecen. Su objetivo es ayudar a paliar la pérdida de ingresos que sufre la unidad familiar tras el fallecimiento del funcionario, cubriendo parte de los gastos y la situación de necesidad que pueda generarse. Concretamente, la orden detalla quiénes pueden recibir esta ayuda, los requisitos que deben cumplir, y cómo se decide quién tiene prioridad si hay varios familiares con derecho. También establece cómo se calcula la cantidad a recibir, asegurando un importe mínimo garantizado para que la ayuda sea efectiva. Esta normativa entró en vigor en 2004, desarrollando lo establecido en un reglamento anterior sobre las prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Su finalidad es asegurar que la ayuda por defunción se gestione de forma clara y equitativa para todos los funcionarios y sus familias. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, la regulación del subsidio por defunción para funcionarios civiles del Estado, gestionado por MUFACE, requería un desarrollo más detallado. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo de 2003 sentó las bases, pero aspectos como la prelación de beneficiarios y el cálculo exacto de la prestación necesitaban concreción. Esta orden ministerial de 2004 vino a cubrir esas lagunas, estableciendo criterios claros y unificados a nivel nacional. A diferencia de otras CCAA o la UE, donde las prestaciones sociales pueden variar, esta norma busca uniformidad dentro del régimen de funcionarios civiles del Estado español. Su aprobación es relevante porque garantiza un derecho económico para las familias en un momento de dificultad. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────