Real DecretoNacionalvigente

Real Decreto 166/2025, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, sobre organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.

BOE-A-2025-4321Publicada: 05/03/2025MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

¿Qué dice esta ley?

**Centro de Investigaciones Sociológicas: cambios en su estructura** El Gobierno actualiza cómo se organiza y funciona el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la institución pública que realiza encuestas y estudios sobre la opinión de los españoles. Se trata de una modernización de las normas que lo regulaban desde 1997. Los cambios afectan principalmente a la administración pública, ya que el CIS depende directamente del Estado. También interesa a ciudadanos y empresas que usan sus datos, puesto que pueden cambiar los plazos o la forma en que el centro accede a información de otros organismos públicos. La reforma probablemente ajusta funciones de los órganos directivos del CIS —como el consejo rector o la presidencia—, sus relaciones con otros ministerios, o cómo gestiona la información que recopila. Estos cambios suelen mejorar la eficiencia, clarificar responsabilidades o adaptar los procedimientos a nuevas tecnologías. Entra en vigor el 5 de marzo de 2025 (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado).

💬 Contexto ciudadano

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), creado por RD 1555/1977, es el organismo público de referencia para la investigación de opinión pública en España. La organización del CIS se reguló con el RD 1214/1997, vigente hasta esta reforma. La actualización responde a la polémica generada por los barómetros bajo la presidencia de Tezanos (desde 2018), objeto de críticas metodológicas e impugnaciones de independencia. En comparación con el INSEE francés, el ONS británico o el Destatis alemán (estadísticas independientes de la política), el CIS español combina funciones de estadística pública con encuestas de opinión política, generando tensiones entre su mandato científico y sus implicaciones políticas que la reforma de 2025 intenta mitigar.

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