Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una ley que obliga a supermercados, restaurantes y otras empresas alimentarias a reducir la comida que tiran. Busca aprovechar alimentos todavía seguros para comer que actualmente se desperdician por razones comerciales o estéticas. **A quién afecta** Principalmente a comercios alimentarios: hipermercados, tiendas, bares y restaurantes. También a distribuidores y productores agrícolas. Los ciudadanos se benefician indirectamente porque se promueve donar alimentos a organizaciones sociales en lugar de desecharlos. **Qué cambia** Las grandes empresas deberán tener un plan escrito contra el desperdicio. Se prohíbe tirar comida apta para consumo como estrategia comercial (por ejemplo, retirar productos por cambio de envase). Se impulsa la donación a bancos de alimentos y organizaciones benéficas, con incentivos fiscales. Los establecimientos deben informar sobre lo que donan. También se regulan las prácticas en el ámbito agrario para que lleguen más productos al mercado. **Cuándo entra en vigor** La ley fue publicada el 1 de abril de 2025. Las empresas tendrán un período de adaptación para implementar sus sistemas de prevención. Las obligaciones más exigentes comenzarán a aplicarse de forma progresiva durante 2025 y 2026
💬 Contexto ciudadano
La Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario es la primera española específica sobre esta materia, siguiendo el modelo de la Ley francesa anti-gaspi (Loi 2016-138), pionera en obligar a supermercados a donar excedentes. La Estrategia europea 'De la Granja a la Mesa' fija reducir el desperdicio alimentario en un 50% para 2030; países como Italia (2016), Portugal (2021) y Dinamarca (2016) ya contaban con legislación sectorial. España desperdicia 31 kg de alimentos per cápita al año según MITECO (2022), por encima de la media europea. La relevancia va más allá del impacto ambiental (el desperdicio alimentario genera el 10% de las emisiones de GEI según la FAO): implica un cambio en el modelo de relación entre distribuidores y organizaciones sociales.