Orden ITU/306/2025, de 26 de marzo, por la que se modifica el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
¿Qué dice esta ley?
**Ayudas para empresas y autónomos afectados por la DANA se amplían y flexibilizan** Las medidas de apoyo económico para negocios y trabajadores autónomos que sufrieron daños por la DANA de octubre y noviembre se refuerzan. Se trata de dinero directo, bonificaciones de impuestos y facilidades para acceder a créditos, pero ahora con requisitos menos estrictos y más cobertura. Afecta principalmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas, y comerciantes ubicados en municipios de las zonas declaradas como desastre. También beneficia a trabajadores por cuenta propia que vieron paralizados sus negocios. Lo que cambia es que se hacen más accesibles las ayudas directas (eliminando o bajando requisitos técnicos), se amplían las cantidades máximas que se pueden solicitar, y se facilita que más sectores económicos se consideren afectados elegibles. Además, se extienden plazos para presentar solicitudes. Entra en vigor el 27 de marzo de 2025 (al día siguiente de su publicación). Si eres autónomo o tienes un negocio pequeño en zona DANA, conviene revisar cuanto antes si cumples los nuevos criterios, ya que los plazos pueden ser limitados.
💬 Contexto ciudadano
El Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento tras la DANA de octubre de 2024 tiene su base normativa en el RDL 6/2024 y el RDL 8/2024, aprobados en los días inmediatos al desastre. La Orden ITU/306/2025 amplía y flexibiliza las medidas para empresas y autónomos respondiendo a las críticas de la CEV sobre la insuficiencia de las ayudas iniciales. La DANA del 29 de octubre fue el episodio de lluvia torrencial más letal en España desde los registros históricos, con más de 220 muertos y daños estimados en 30.000 millones de euros. En comparación con la respuesta italiana al terremoto de Amatrice (2016) o las inundaciones alemanas del Ahr (2021), la española se caracterizó por mayor coordinación central pero mayores dificultades de ejecución en el nivel local y municipal.