Corrección de errores de la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, por la que se determina el importe económico de las actuaciones previstas en el Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Ministerio de Justicia corrige algunos errores en una orden que fija cuánto dinero reciben los abogados y procuradores (profesionales que ayudan en juicios) cuando atienden gratis a personas sin recursos económicos. **A quién afecta** Principalmente a abogados y procuradores que prestan asistencia jurídica gratuita, y indirectamente a personas de bajos ingresos que necesitan ayuda legal pero no pueden pagarse un abogado. También toca a juzgados y administración judicial que gestionan estos servicios. **Qué cambia** Se ajustan las cantidades que el Estado paga a estos profesionales por diferentes tipos de actuaciones legales (consultas, escritos, comparecencias en juicio, etc.). Aunque son correcciones técnicas, garantizan que los importes reflejen correctamente lo aprobado originalmente, evitando confusiones sobre cuánto deben cobrar realmente quienes atienden casos de forma gratuita. **Cuándo entra en vigor** La corrección se publica el 21 de marzo de 2025 y entra en vigor inmediatamente, aplicándose a los pagos de asistencia jurídica gratuita desde esa fecha.
💬 Contexto ciudadano
La corrección simultánea de la Orden sobre asistencia jurídica gratuita (publicada el mismo mes) revela que la premura en la actualización de los baremos —largamente reclamada por los colegios de abogados— condicionó la calidad redaccional del texto original. La asistencia jurídica gratuita afecta a más de 800.000 personas anuales en España, siendo uno de los servicios públicos de mayor impacto en el acceso a la justicia de colectivos vulnerables. La corrección garantiza que los juzgados decanatos y los colegios de abogados puedan liquidar los servicios correctamente, evitando litigios sobre importes aplicables. La precisión en los baremos de AJG tiene también relevancia presupuestaria al afectar al coste del servicio para las administraciones autonómicas que lo gestionan y financian.