Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, por la que se determina el importe económico de las actuaciones previstas en el Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
¿Qué dice esta ley?
**Cuánto cuesta obtener ayuda legal si no tienes dinero** El Estado fija los precios que cobran los abogados y procuradores (profesionales que gestionan casos ante juzgados) cuando defienden a personas sin recursos económicos. Estos profesionales reciben dinero público por su trabajo en estos casos. **A quién le importa** Afecta directamente a cualquier persona que no pueda pagar abogado y solicite asistencia jurídica gratuita. También influye en los propios abogados y procuradores, que ven remunerados estos servicios con las cantidades que aquí se establecen. Los juzgados también lo necesitan para gestionar estos trámites correctamente. **Qué cambia** Se actualizan los honorarios (cantidad que reciben los profesionales) por diferentes tipos de actuaciones: escritos iniciales, comparecencias, recursos, etc. Es como una tarifa oficial que garantiza que los abogados cobren lo justo por defender gratuitamente a quienes no pueden pagarse un abogado privado, pero también mantiene controlado el gasto público. **Cuándo rige** La orden entra en vigor desde el 22 de marzo de 2025. Estos precios regirán mientras no haya una nueva orden que los modifique.
💬 Contexto ciudadano
La asistencia jurídica gratuita (AJG) está regulada en la Ley 1/1996, que garantiza el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos (art. 119 CE). Los baremos de retribución de abogados de turno de oficio no habían sido actualizados de forma significativa desde 2018, generando un servicio considerado 'de segunda categoría'. En comparación con los sistemas de legal aid del Reino Unido (más generoso), France (aide juridictionnelle) o Alemania (Prozesskostenhilfe), los baremos españoles eran de los más bajos de Europa occidental. La actualización responde también al mandato de la Directiva 2016/1919/UE sobre acceso a abogado de oficio y a la presión continuada de los Colegios de Abogados, que estimaban un déficit de retribución del 40% respecto a los costes reales.