Ley 9/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025.
¿Qué dice esta ley?
**Presupuestos de Madrid 2025** El Gobierno regional ha aprobado cuánto dinero gastará la Comunidad de Madrid durante 2025 en servicios públicos, infraestructuras y funcionamiento de la administración. Es el plan económico anual que fija qué se financia, cuánto cuesta y dónde va cada euro de impuestos. Afecta a cualquier madrileño que use servicios públicos (sanidad, educación, transportes, policial). También impacta a autónomos y empresas que contraten con la administración, reciban ayudas o paguen impuestos autonómicos. Y determina cuántos recursos tiene cada consejería para cumplir sus funciones. Los cambios dependerán de dónde aumente o disminuya el presupuesto respecto a 2024. Generalmente estos presupuestos definen prioridades concretas: si sube la inversión en sanidad o educación, si se amplían líneas de transporte público, qué programas sociales se mantienen o crean. Las partidas presupuestarias determinan la capacidad real de la administración para ejecutar políticas. Entró en vigor el 1 de enero de 2025. Durante el año está vigente este plan de gasto, aunque puede haber ampliaciones o modificaciones si surgen necesidades extraordinarias. El próximo presupuesto se aprobará antes de diciembre de 2025
💬 Contexto ciudadano
Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025 se aprueban con el respaldo parlamentario de PP y Vox, siendo los segundos presupuestos de la legislatura de Díaz Ayuso. A diferencia de la prórroga presupuestaria estatal y de varias CCAA en minoría parlamentaria, Madrid dispone de certeza presupuestaria plena. Con más de 24.000 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia de la CM, las partidas prioritarias incluyen la ampliación de Metro, la sanidad pública y la rebaja del IRPF autonómico. En comparación con Cataluña (en prórroga) o Andalucía (aprobados con ajustes), Madrid destaca por su capacidad de aprobar cuentas en plazo, con implicaciones directas en la inversión pública y la certeza del sector privado.