Sentencia de 12 de julio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 3.3 (previsión del déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas durante el año 2012) y los artículos 7.1 y 7.2 (peajes de acceso fijados en el anexo I), así como de la parte correspondiente del referido anexo I, todos ellos de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas primas de las ins
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2013 que anula varios artículos de una orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 2011. Esa orden anterior establecía los peajes de acceso a la red eléctrica y las tarifas de las instalaciones de energías renovables que entrarían en vigor el 1 de enero de 2012. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la empresa Endesa, que fue quien presentó el recurso contra la orden original. También afecta a la Administración del Estado, que es condenada a indemnizar a Endesa. Indirectamente impacta a cualquier entidad del sector energético que estuviera bajo esas tarifas y peajes. **¿Qué cambia o establece?** El tribunal anula el artículo 3.3 (sobre cómo se calculaba el déficit de ingresos en 2012) y los artículos 7.1 y 7.2 (sobre los peajes de acceso que aparecían en el anexo de la orden). Como consecuencia, la Administración debe pagar indemnización a Endesa por el daño causado por esas disposiciones que el tribunal consideró contrarias a la ley.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, existían normas estatales, como la Orden IET/3586/2011, que regulaban los peajes de acceso a la red eléctrica y las tarifas de energías renovables, aplicándose en el ámbito estatal y, en cierta medida, en las Comunidades Autónomas. La importancia de esta sentencia radica en que establece un marco jurídico que limita el poder regulatorio del Estado, garantizando la legalidad y la justicia en el sector energético, lo cual tiene implicaciones en la coordinación entre el Estado y las CCAA, así como en el cumplimiento de los principios de derecho en la Unión Europea.