Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, el Sector Público en España no contaba con un marco normativo obligatorio para la emisión de facturas electrónicas, lo que generaba ineficiencias y riesgos de fraude. En comparación con otras Comunidades Autónomas, algunas ya habían implementado sistemas propios de facturación electrónica, mientras que otras seguían con procesos manuales o con sistemas estatales dispersos. A nivel europeo, la UE no tenía una normativa obligatoria, aunque existían directrices que incentivaban su adopción. La importancia de esta ley radica en su papel pionero para homogenizar y digitalizar el proceso de facturación en el Sector Público, sentando las bases para una gestión más transparente y eficiente.