Sentencia de 3 de noviembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo n.º 547/2024, interpuesto por la representación de la parte actora contra el Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2024, en el particular de las plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias en lo que afecta al cupo de 73 plazas para cubrir mediante el procedimiento de acceso por
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo anuló parcialmente un decreto del Gobierno que establecía cómo cubrir 73 puestos de trabajo en Instituciones Penitenciarias en 2024. Un juzgado superior decidió que la forma elegida para seleccionar a los candidatos no era correcta según la ley. **A quién afecta** Principalmente a personas que aspiraban o aspiran a trabajar como funcionarios en prisiones. También toca a la administración penitenciaria, que debe replantear cómo hacer esos nombramientos. Indirectamente afecta a la política de empleo público del Estado. **Qué cambia** La sentencia obliga a anular o modificar el proceso de selección de esas 73 plazas. Aunque el documento está incompleto en la descripción del procedimiento concreto cuestionado, la decisión significa que la convocatoria tal como estaba no puede seguir adelante en esa parte. Posiblemente haya que volver a convocar, cambiar los criterios o permitir que candidatos excluidos participen. **Cuándo** La sentencia es de 3 de noviembre de 2025 y ya está en vigor. Quienes presentaron el recurso ganaron ante el máximo tribunal administrativo español. La administración deberá ejecutarla en los próximos meses.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta sentencia, la oferta de empleo público para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias para 2024, aprobada por Real Decreto 656/2024, incluía 73 plazas por turno libre y 45 por promoción interna. Esta normativa estatal, que establece las bases para la cobertura de plazas públicas, no presenta diferencias sustanciales con otras Comunidades Autónomas en cuanto a la estructura general de las ofertas de empleo, aunque la gestión y distribución de plazas puede variar. La sentencia del Tribunal Supremo, al estimar el recurso contencioso-administrativo, anula específicamente estas plazas, lo que implica que la oferta aprobada por el Gobierno central no se ejecutará en los términos previstos. Esta diferencia es crucial para el ciudadano aspirante, ya que la anulación de estas plazas impacta directamente en las oportunidades de acceso a un empleo público en una administración esencial como la penitenciaria, obligando a replantear los procesos selectivos. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────