Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Se flexibilizan las reglas para que las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital (ayuda económica estatal para quienes viven en pobreza) puedan trabajar y ganar dinero sin perder automáticamente la prestación. Ahora pueden compatibilizar el subsidio con ingresos del trabajo o de un negocio propio sin que se resten directamente de lo que cobran. **A quién afecta** Principalmente a personas desempleadas o con ingresos muy bajos que reciben esta prestación y quieren trabajar —tanto si es como empleado como si montan un pequeño negocio. También influye indirectamente en autónomos en situación vulnerable y en familias que dependen de esta ayuda. **Qué cambia** El cambio concreto es que se puede combinar más fácilmente el Ingreso Mínimo Vital con lo que se gane trabajando. Antes, cada euro ganado restaba prácticamente euro de la prestación, desincentivando el trabajo. Ahora hay más margen para trabajar sin perder toda la ayuda, lo que busca que la gente encuentre empleo y se integre mejor en la sociedad sin caer en la trampa de "si trabajo, pierdo todo". **Cuándo entra en vigor** A partir del 26 de marzo de 2026, aunque los efectos prácticos se desple
💬 Contexto ciudadano
Antes de la modificación introducida por el Real Decreto 240/2026, la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con rentas laborales se regulaba por el Real Decreto 789/2022, el cual buscaba evitar la "trampa de pobreza" incentivando la incorporación al mercado laboral. Esta normativa estatal, que se alinea con el espíritu de directivas europeas sobre inclusión social y lucha contra la pobreza, establecía una fórmula compleja para determinar qué porcentaje de los ingresos laborales no computaba para la prestación. A diferencia de otras Comunidades Autónomas que podrían tener desarrollos propios en materia de políticas activas de empleo, la regulación del IMV es competencia estatal, aprobada por el Gobierno central. Esta diferencia es crucial para el ciudadano, ya que una regulación más clara y accesible de la compatibilidad facilita la toma de decisiones sobre aceptar empleos o mejorar condiciones laborales, impactando directamente en su autonomía y en la efectividad de la prestación como herramienta de inclusión. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────