Real Decreto 188/2025, de 11 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global.
¿Qué dice esta ley?
**Nuevas reglas para financiar proyectos de desarrollo sostenible** Se establecen los requisitos que deben cumplir las organizaciones para recibir dinero público destinado a cooperación internacional y sostenibilidad. Define cómo se distribuyen estos fondos, quién puede solicitarlos y bajo qué condiciones. Afecta principalmente a ONG, asociaciones, fundaciones y cooperativas que trabajan en desarrollo, medio ambiente o ayuda humanitaria. También a empresas sociales y universidades que ejecuten programas de cooperación. Las administraciones públicas que gestionen estas ayudas también deben adecuarse a estos criterios. Cambia los procesos de solicitud y control: establece nuevos estándares de transparencia (la obligación de informar públicamente sobre cómo se gastan los fondos), refuerza la exigencia de resultados medibles en los proyectos, y simplifica algunos trámites administrativos para que las entidades pequeñas puedan acceder más fácilmente. Además, introduce criterios más rigurosos sobre sostenibilidad ambiental y género en los proyectos financiados. Entra en vigor el 12 de marzo de 2025. Las convocatorias de subvenciones deberán aplicar estas nuevas reglas a partir de esa fecha, aunque las solicitudes pendientes pueden acogerse a una disposición transitoria según su estado de tramitación.
💬 Contexto ciudadano
Las ayudas a la cooperación al desarrollo se canalizan en España a través de AECID y los Fondos de Cooperación autonómicos. El RD 188/2025 actualiza el marco reglamentario que venía del RD 794/2010, modificado en 2018, incorporando los principios de la Declaración de Nairobi (2019) y los estándares OCDE/DAC de transparencia (IATI). En comparación con el modelo alemán (BMZ-GIZ-KfW, mayor peso de ayuda ligada) o el sueco (SIDA, 100% desligado), España avanza hacia ayuda más desligada con mayor peso de la sociedad civil. La reforma establece criterios más rigurosos de sostenibilidad ambiental y género, aunque el porcentaje de AOD sobre RNB (0,24% en 2024) sigue muy por debajo del compromiso internacional del 0,7%.