Real DecretoNacionalvigente

Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características.

BOE-A-2014-6663Publicada: 25/06/2014MINISTERIO DEL INTERIOR

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una modificación del Real Decreto que regula cómo se expide el pasaporte ordinario español. La reforma actualiza la normativa anterior de 2003 para incorporar nuevos elementos de seguridad, especialmente datos biométricos, y para adaptarse a situaciones judiciales que antes no estaban previstas. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos españoles que soliciten pasaporte. En particular, afecta a menores de edad, a personas incapacitadas judicialmente, y a cualquier persona respecto a la cual un juez haya dictado una medida cautelar que prohíba salir del país o expedir pasaporte (como ocurre en casos de separación o divorcio con hijos menores). **¿Qué cambia o establece?** Añade nuevas causas por las que se puede negar el pasaporte: cuando un juez ha prohibido la salida del territorio nacional o la expedición del pasaporte a un menor o incapacitado. Introduce datos biométricos (fotografía facial e impresiones dactilares) en un chip electrónico integrado en el pasaporte. Modifica los documentos que hay que aportar para solicitar pasaporte y las reglas para que padres o tutores den consentimiento en el caso de menores. También regula la validez de pasaportes duplicados en caso de pérdida o robo.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 411/2014, la normativa sobre pasaportes en España se regía principalmente por el Real Decreto 896/2003, que no contemplaba datos biométricos ni situaciones judiciales complejas como la prohibición de salida del país. En comparación con las normas de las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, el sistema estatal era menos flexible y actualizado. Esta reforma importa porque moderniza el sistema de expedición de pasaportes, alinea con estándares europeos y responde a necesidades de seguridad y protección judicial, garantizando una mayor eficacia y coherencia en la gestión de documentos oficiales.

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