Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la maternidad.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta es una ley que establece el marco legal para la protección y atención social a la maternidad en las Illes Balears. Su objetivo principal es garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente la de aquellas que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social, mediante medidas de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial. **¿A quién afecta?** Afecta a las mujeres embarazadas que residan en las Illes Balears, en especial a aquellas que se encuentren en situación de desprotección o riesgo de exclusión social. También obliga a todas las administraciones públicas de las Illes Balears a aplicar y cumplir con esta ley en todo su territorio. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir asesoramiento personalizado sobre cómo superar conflictos que el embarazo pueda causar, e información detallada sobre todas las ayudas y apoyos disponibles en el territorio. Crea una red de información y apoyo a través del Centro de Información de la Mujer del Instituto Balear de la Mujer, con un teléfono gratuito para consultas, y regula apoyos especiales para embarazadas que cursen estudios obligatorios, permitiéndoles continuar y completar su educación con horarios adecuados a su situación.
💬 Contexto ciudadano
Esta norma regional representa una evolución respecto al marco previo limitado a protecciones laborales fragmentadas. A diferencia de la legislación estatal centrada en derechos generales en el Código Civil y la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley 9/2014 de Balears es la primera norma integral autonómica que articula un sistema compacto de apoyo social multidimensional. Mientras las directivas europeas como la 92/85/CE establecen estándares de seguridad laboral, esta ley amplía protección a educación y servicios sociales, ausentes en comunidades sin normativa específica. Su relevancia para el ciudadano radica en garantizar el derecho a continuar estudios y acceso a asesoramiento gratuito especializado, especialmente para embarazadas en riesgo social, reduciendo desigualdades que otras regiones no cubren sistemáticamente.