Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una Orden que establece las reglas completas para los exámenes que deben hacer quienes quieren obtener el título de Traductor-Intérprete Jurado. Esta orden de 2014 sustituye la anterior de 1996 y actualiza los procedimientos tras cambios realizados en 2009 en cómo se nombra a estos profesionales. **¿A quién afecta?** Afecta a toda persona que desee ser Traductor-Intérprete Jurado. Para participar en los exámenes es necesario ser mayor de edad, tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y poseer un título universitario de Graduado o Licenciado español o que haya sido homologado por el Ministerio de Educación. **¿Qué cambia o establece?** Fija que los exámenes constan de tres ejercicios: primero, un test sobre gramática y terminología; segundo, tres pruebas de traducción (del idioma al castellano sin diccionario, del castellano al idioma sin diccionario, y de un texto jurídico o económico con diccionario); tercero, una prueba oral de interpretación consecutiva en el idioma elegido. Establece también que el Subsecretario de Asuntos Exteriores convoca los exámenes por resolución, que se forma un tribunal calificador, que se publican listas de admitidos y excluidos, y que tras superar los exámenes se expide el título en un plazo de 20 días.
💬 Contexto ciudadano
La Orden AEC/2125/2014 actualiza el régimen establecido desde 1996 para los exámenes de Traductor-Intérprete Jurado, incorporando modificaciones procedimentales de 2009 sobre designación profesional. Se trata de la normativa nacional española que regula este acceso profesional, siendo esta acreditación exigida uniformemente en todo el territorio, a diferencia de otras profesiones con variantes autonómicas. Su importancia radica en garantizar que solo traductores cualificados accedan a un rol de especial responsabilidad en procedimientos legales donde la precisión es crítica. Al abrir participación a ciudadanos de UE/EEE con títulos homologados, armoniza el acceso profesional con la libre circulación europea, asegurando estándares de calidad uniformes en traducción jurídica que protegen tanto al sistema judicial como a los ciudadanos que requieren estas prestaciones en procesos legales.