Orden MinisterialNacionalvigente

Sentencia de 11 de junio de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara que no es conforme al ordenamiento jurídico el artículo 9.1 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero.

BOE-A-2014-12036Publicada: 21/11/2014TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014 que invalida una parte de la Orden ministerial IET/221/2013. Esta orden había establecido los precios de acceso a la red eléctrica y las tarifas para energías renovables a partir de 2013. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a Gas Natural SDG, S.A., la empresa que presentó la demanda. También impacta a todos los usuarios de la red eléctrica, ya que los preajes de acceso son costes que se repercuten en las facturas. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal declara que la orden es ilegal porque el cálculo de los peajes de acceso no incluye unos costes adicionales por territorios (suplementos territoriales) que la ley de electricidad sí exigía incluir. Ordena al Ministro corregir esto e incluir esos costes faltantes en los peajes de 2013.

💬 Contexto ciudadano

Antes de esta sentencia, la Orden IET/221/2013 establecía los peajes de acceso sin incorporar los suplementos territoriales que la Ley del Sector Eléctrico exigía incluir, generando un conflicto normativo que el Tribunal Supremo resuelve a favor de la aplicación íntegra de la ley. Se trata de una competencia estatal (diferente de políticas autonómicas de energía), alineada con el marco de liberalización de mercados eléctricos de las Directivas europeas, cuya implementación requiere metodologías de cálculo de peajes justas. Esta sentencia importa al ciudadano porque los peajes de acceso —costes de usar la infraestructura de distribución— son trasladados directamente a las facturas eléctricas; la omisión de suplementos territoriales distorsiona los precios reales y afecta la equidad tarifaria entre regiones, especialmente en zonas con geografía dispersa. La invalidación obliga a corregir retroactivamente los cálculos, impactando en la financiación de las redes y potencialmente en las tarifas finales de consumidores y empresas.

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