Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden ministerial que regula cómo se comunica la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Este Registro es un instrumento estatal que recoge datos sobre accidentes de tráfico que han causado víctimas, con el objetivo de conocer las causas, circunstancias y consecuencias de estos accidentes para mejorar la seguridad vial. **¿A quién afecta?** Afecta a los agentes de tráfico (quienes deben comunicar la información rellenando un formulario), a los centros sanitarios (que deben facilitar datos sobre las víctimas), a otras administraciones públicas autonómicas y locales (que deben aportar información), y a todas las personas implicadas en un accidente de tráfico con víctimas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los agentes de tráfico deben comunicar información detallada sobre cada accidente con víctimas mediante un formulario obligatorio. Rediseña el cuestionario anterior para incluir datos sobre la identidad de las víctimas, permitir identificar fallecimientos dentro de 30 días del accidente y recoger información sobre tipos de lesiones. Los datos servirán para calcular el coste social de los accidentes graves y mortales, identificar zonas de riesgo en las carreteras y evaluar la eficacia de las políticas de seguridad vial. Crea un nuevo fichero de datos personales con medidas de protección y confidencialidad, reemplazando la orden anterior de 1993.
💬 Contexto ciudadano
La Orden INT/2223/2014 moderniza el Registro Nacional de Víctimas vigente desde 1993, adaptándolo a las exigencias contemporáneas de transparencia en seguridad vial y protección de datos. Este instrumento estatal se alinea con directivas europeas de transparencia administrativa y normativas nacionales como la LOPD, estableciendo protocolos más rigurosos para el tratamiento de datos personales sensibles. Aunque es de alcance nacional gestionado por el Ministerio del Interior, su implementación requiere colaboración de todas las CCAA y administraciones locales, generando un marco uniforme de información. Para el ciudadano, esta orden es relevante porque garantiza que sus datos personales en accidentes sean protegidos bajo estándares de confidencialidad, mientras permite identificar patrones de siniestralidad que fundamentan políticas públicas de prevención. La inclusión de fallecimientos dentro de treinta días amplía la capacidad de análisis de costes sociales, beneficiando el diseño de medidas más efectivas de seguridad vial en carreteras de riesgo.