Sentencia de 11 de diciembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 102/2024, interpuesto en nombre y representación de don Raúl Rogel Ocampos, contra el Real Decreto 1010/2023, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores, aprobado por el Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre y el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, d
¿Qué dice esta ley?
**Escuelas de conducción: limitaciones cuestionadas ante el Tribunal Supremo** El Tribunal Supremo ha dado parcialmente la razón a un director de autoescuela que impugnó cambios en las normas que regulan estas academias. La sentencia de diciembre de 2025 cuestiona algunos requisitos que el Gobierno introdujo en 2023 mediante el Real Decreto 1010/2023 (norma con rango de ley que modifica reglas administrativas). Afecta directamente a dueños y directores de escuelas de conducción en toda España, que se ven sometidos a reglas sobre cómo organizar sus clases, quién puede enseñar y cómo certificar que los alumnos aprendieron. También tiene impacto indirecto en autoescuelas como negocio y en personas que quieren sacarse el carné. El fallo ordena revisar parte de esos requisitos regulatorios porque el tribunal consideró que algunos eran desproporcionados o no se ajustaban correctamente a la ley. No anula la reforma completa, pero obliga a ajustar ciertos aspectos concretos de cómo se regulan las autoescuelas y la formación de conductores. La sentencia es de 11 de diciembre de 2025 y es prácticamente definitiva: proviene de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (la máxima instancia), por lo que
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta sentencia del Tribunal Supremo, el Real Decreto 1010/2023 modificaba la normativa sobre escuelas de conductores y el Reglamento General de Conductores, introduciendo la posibilidad de que entidades acreditadas por las administraciones pudieran realizar ciertas prácticas. Esta modificación se compara con la normativa estatal previa, que se basaba en los Reglamentos de 2003 y 2009, y no presenta diferencias significativas con otras Comunidades Autónomas en cuanto a la estructura general, aunque la delegación de funciones puede variar. El Real Decreto fue aprobado por el Gobierno central, pero la sentencia del Supremo, al estimar parcialmente el recurso de don Raúl Rogel Ocampos, declara la nulidad de varios incisos que permitían la intervención de estas entidades acreditadas. Esta diferencia es importante para el ciudadano porque puede afectar a la forma en que se imparten ciertas formaciones o se realizan determinadas gestiones relacionadas con la obtención del permiso de conducir, potencialmente introduciendo mayor o menor flexibilidad y control dependiendo de la interpretación final de la norma. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────