Real DecretoNacionalvigente

Real Decreto 265/2025, de 8 de abril, por el que se regula el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.

BOE-A-2025-7097Publicada: 09/04/2025Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Gobierno crea dos herramientas para preservar la memoria histórica de España: un Consejo (órgano asesor que reúne a expertos y organismos) y un Registro (base de datos de asociaciones y entidades que trabajan en recuperación histórica, especialmente sobre la Guerra Civil y la dictadura). **A quién afecta** A ciudadanos interesados en historia, asociaciones memorialistas, archivos, museos y ayuntamientos. También a investigadores y educadores que necesiten acceder a información sobre dónde encontrar recursos o entidades especializadas en memoria democrática. **Qué cambia** Ahora hay un registro centralizado donde las entidades de memoria democrática pueden inscribirse, lo que facilita que se conozcan mutuamente y que el público las encuentre. El Consejo puede emitir recomendaciones sobre políticas públicas relacionadas con memoria histórica, dándole más peso institucional a estos trabajos que antes estaban dispersos. **Cuándo entra en vigor** El decreto se publica en abril de 2025. El registro comenzará a funcionar progresivamente mientras se inscribirán las entidades existentes durante los meses siguientes.

💬 Contexto ciudadano

La Ley de Memoria Democrática 20/2022 creó el marco normativo de referencia para la recuperación histórica de las víctimas del franquismo, sustituyendo la insuficiente Ley 52/2007. El RD 265/2025 desarrolla reglamentariamente los órganos institucionales previstos en la ley —el Consejo asesor y el Registro de entidades—, completando la arquitectura institucional. En contraste con el Registro de Víctimas catalán (2015) o el modelo alemán de la Comisión de Enquête, el modelo español centraliza el catálogo de entidades memorialistas. Su relevancia está en la institucionalización definitiva de la política de memoria, superando la etapa puramente testimonial de 2007 hacia una arquitectura con capacidad de coordinación y política pública sostenida.

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