Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
¿Qué dice esta ley?
**Facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales** A partir de ahora, todos los empresarios y profesionales deben emitir y recibir facturas en formato electrónico cuando operan entre sí. No vale papel: tiene que ser digital, con firma electrónica y trazabilidad (registro de quién, cuándo y qué se intercambió). Afecta a autónomos, pequeñas empresas, grandes corporaciones y cualquier profesional liberal que facture a otros empresarios o profesionales. Las microempresas con menos de 10 empleados tienen adaptaciones, pero también están incluidas. Las administraciones públicas ya lo hacían; ahora es obligatorio en el sector privado. Esto agiliza los pagos porque todo queda registrado automáticamente, reduce fraude fiscal al dejar menos espacio a la manipulación, y elimina papelería. Los sistemas contables se conectan directamente entre empresas, así que menos trabajo manual. También permite a Hacienda controlar mejor los flujos comerciales en tiempo real. Entra en vigor el 25 de marzo de 2026, aunque las empresas tienen un plazo transitorio para adaptarse según su tamaño. Los primeros que deben cumplirlo son los de mayor volumen de negocio; después se extiende al resto.
💬 Contexto ciudadano
La facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales responde a la Ley 18/2022 de creación y crecimiento empresarial, que mandató al Gobierno a desarrollar el sistema técnico. España se suma así a países como Italia, que impuso la fatturazione elettronica en 2019 como primer gran estado europeo, o Francia, con obligación progresiva desde 2024. La implementación española, articulada en torno a una plataforma pública y la obligación de trazabilidad, busca reducir el fraude fiscal estimado en varios miles de millones anuales. Para autónomos y pymes, que representan la mayoría de los obligados, el cambio exige adaptar sus sistemas de gestión contable y soportar los costes iniciales de transición tecnológica antes de beneficiarse de la reducción de cargas burocráticas a largo plazo.