Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La ley prohíbe la indexación de precios en la economía española. La indexación era la práctica de ajustar automáticamente los precios, salarios y otros valores monetarios según un índice general de precios (como el Índice de Precios de Consumo). Esta ley establece que los valores monetarios no deben cambiar automáticamente por este mecanismo. **¿A quién afecta?** De forma obligatoria, afecta al sector público: los contratos públicos, tasas reguladas, prestaciones, subvenciones, multas y valores de los presupuestos del Estado no pueden estar indexados. De forma recomendada, afecta también a contratos entre privados, aunque para ellos la norma es indicativa, no obligatoria. **¿Qué cambia o establece?** La ley elimina las cláusulas que vinculaban precios y salarios al IPC general. En los casos excepcionales donde sea necesario actualizar valores, obliga a vincularlos a los costes específicos de cada sector o situación, no a índices generales. Esto permite que los precios reaccionen a las condiciones económicas reales de cada actividad en lugar de subir automáticamente por un índice único para toda la economía.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2015, la indexación automática al IPC era práctica común en salarios públicos, pensiones y contratos administrativos, creando una espiral inflacionista donde cada repunte de precios generaba ajustes automáticos de costes laborales. La Ley 2/2015 rompe este mecanismo, alineándose con la política antiinflacionista de la Unión Europea y directivas sobre gobernanza económica que buscan anclar expectativas inflacionistas. A diferencia de otros países europeos con sistemas más flexibles, España prohibió obligatoriamente la indexación en el sector público. Esta norma es crucial para ciudadanos porque afecta directamente a la negociación de salarios —ya no pueden vincularse automáticamente al IPC— y a servicios públicos, rompiendo la espiral precio-salario que amplifica la inflación, aunque genera tensión entre estabilidad económica y poder adquisitivo.