Ley Foral 6/2015, de 5 de marzo, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley modifica la normativa que regula la renta de inclusión social en Navarra. La renta de inclusión social es una ayuda económica que garantiza el acceso a recursos básicos para personas en situación de pobreza o exclusión social, siendo un derecho que pueden exigir quienes cumplan los requisitos establecidos. **¿A quién afecta?** Afecta a personas sin empleo o con ingresos muy bajos que viven en Navarra. Especialmente protege a mayores de 18 años y menores de 65 años que hayan perdido su empleo y agotado las prestaciones por desempleo, así como a personas con cargas familiares o menores de 18 años emancipados con hijos. También protege a personas desempleadas que hayan perdido su residencia legal por falta de trabajo. **¿Qué cambia o establece?** La ley amplía quién puede recibir la ayuda y mejora las condiciones de acceso. Define claramente qué es una unidad familiar (incluyendo parejas sin matrimonio registrado). Exige que los solicitantes vivan legalmente en España, hayan residido al menos 24 meses en Navarra (con excepciones por enfermedad, búsqueda de empleo o violencia de género), tengan ingresos mensuales inferiores a la renta que les correspondería, y hayan solicitado antes otras prestaciones a las que puedan tener derecho.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 6/2015 actualiza el marco navarro de rentas de inclusión social establecido en 2012, ampliando beneficiarios y clarificando criterios de acceso en un contexto donde Navarra se adelanta como pionera en reconocer este derecho exigible. Mientras la normativa estatal tardaría años en garantizar una renta mínima nacional (IMV de 2020), la comunidad foral avanza en protección con estándares comparables a regímenes de otras CCAA como Euskadi y Castilla y León. La reforma importa sustancialmente al ciudadano navarro vulnerable: formaliza derechos antes grises, reduce discrecionalidad administrativa y establece umbrales económicos objetivos, aunque mantiene exigencias residenciales (24 meses) coherentes con criterios de inclusión genuina en el territorio. Su alineación con directivas UE sobre cohesión social refleja el compromiso regional con estándares europeos de protección, ofreciendo red de seguridad más robusta que la inexistencia de protección general estatal en ese período.