Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley de Castilla y León que regula cómo las administraciones públicas de la región deben ser transparentes y cómo los ciudadanos pueden acceder a la información pública. Cubre tres aspectos: la publicidad activa (información que el Gobierno publica obligatoriamente), el derecho de acceso a información pública, y la participación de los ciudadanos en asuntos públicos a través del Portal de Gobierno Abierto. **¿A quién afecta?** A todos los ciudadanos, que tienen derecho a acceder a información sobre lo que hace la Administración. También afecta a la Administración General de Castilla y León, sus organismos autónomos y entes públicos, que están obligados a ser transparentes y publicar información sobre sus decisiones, objetivos y resultados. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la Administración debe publicar información a través de un Portal de Gobierno Abierto, permite a los ciudadanos pedir acceso a documentos y registros administrativos (excepto en seguridad, investigación de delitos e intimidad personal), y crea canales para que los ciudadanos participen directamente en asuntos públicos. Amplía qué información del Gobierno está sometida a transparencia y designa órganos responsables de gestionar estas obligaciones.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 3/2015 representa una evolución normativa respecto al marco inicial de la Ley estatal 19/2013, aunque con avances significativos en participación ciudadana que la diferencian. Mientras que la norma estatal establece estándares mínimos, Castilla y León amplía derechos de acceso y crea mecanismos participativos más robustos, alineándose con tendencias de otras CCAA como Extremadura y Aragón. Su aprobación adelanta parcialmente directivas europeas posteriores sobre datos abiertos. El impacto ciudadano es directo: establece obligaciones concretas de publicidad activa que antes no existían de forma centralizada, permitiendo mayor control sobre inversión y decisiones administrativas regionales, fundamentando así la rendición de cuentas pública.