Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta orden aprueba un catálogo oficial que lista todas las líneas y tramos ferroviarios que forman la Red Ferroviaria de Interés General. El catálogo asigna a cada línea o tramo un código oficial, indica su origen y destino, y describe sus características técnicas básicas. Incluye toda la infraestructura ferroviaria: terrenos, estaciones, obras civiles, instalaciones de seguridad, telecomunicaciones, señalización y demás elementos que forman parte de las vías. **¿A quién afecta?** Afecta al Ministerio de Fomento, que administra y define qué infraestructuras están en la red; a las Comunidades Autónomas por cuyo territorio pasan las líneas ferroviarias; a RENFE y FEVE, que administran infraestructuras; y a las Autoridades Portuarias responsables de redes ferroviarias en puertos de interés general. También afecta a cualquier administración de infraestructuras ferroviarias. **¿Qué cambia o establece?** El catálogo establece tres grupos de líneas y tramos: primero, las que garantizan un sistema común de transporte (ejes internacionales, conexiones entre regiones, accesos a núcleos importantes y instalaciones económicas o de defensa); segundo, redes ferroviarias dentro de puertos y sus accesos; y tercero, líneas que no cumplen todos los requisitos pero continúan administradas bajo la ley mientras se tramita su traspaso a las Comunidades Autónomas. Todas las líneas quedan codificadas y vinculadas en un sistema interdependiente.
💬 Contexto ciudadano
La Orden FOM/710/2015 sistematiza la catalogación de la Red Ferroviaria de Interés General existente desde la Ley 39/2003, pero sin inventario unificado previo. Aunque directivas europeas como la 2012/34/UE exigen transparencia sobre gestión de infraestructuras, España adopta un catálogo más exhaustivo que varias CCAA que solo regulan redes locales. Esta orden vincula responsabilidad estatal: cada línea catalogada genera obligaciones financieras y de mantenimiento para el Ministerio de Fomento, mientras infraestructuras no incluidas pueden transferirse a CCAA. Para el ciudadano importa porque determina qué servicios ferroviarios se financian con presupuestos estatales (afectando frecuencia, calidad y sostenibilidad de conexiones regionales), quién responde ante deficiencias, y qué líneas corren riesgo de cierre si se propone su traspaso autonómico.