Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir.

💬 Contexto ciudadano

Antes de 2015, Castilla-La Mancha carecía de regulación específica sobre derechos en el proceso de morir, dependiendo de la dispersa normativa estatal de autonomía del paciente (2002). Esta ley autonómica se posiciona como desarrollo más garantista que la norma estatal, comparable a legislaciones anteriores de Cataluña (1998) y País Vasco (2002), pero más comprehensiva que la mayoría de CCAA que solo remitían a la normativa general. A nivel europeo, sigue los estándares de directivas sobre derechos de pacientes y dignidad en fin de vida. La aprobación ha sido exclusivamente autonómica, sin equivalente estatal vinculante comparable hasta la Ley de la eutanasia de 2021. Su relevancia para el ciudadano castellanomanchego radica en garantizar explícitamente el derecho a morir con dignidad, rechazar o revocar tratamientos, acceder a cuidados paliativos y tomar decisiones libres sobre el final de su vida mediante anticipación de voluntades, elevando significativamente la protección respecto al marco anterior disperso.