Orden MinisterialNacionalvigente

Orden FOM/846/2015, de 7 de mayo, por la que se establecen los modelos y se regula la liquidación de las tasas por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales y por la expedición de certificaciones registrales.

BOE-A-2015-5184Publicada: 11/05/2015MINISTERIO DE FOMENTO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden ministerial que regula cómo se cobran dos tasas (derechos) relacionados con el registro de empresas que ofrecen servicios de correos. Estas tasas son: una por inscribirse en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, y otra por obtener certificados de ese registro. El Ministerio de Fomento es quien gestiona y cobra estas tasas. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas que quieran inscribirse en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, renovar esa inscripción, o solicitar certificados del registro. También establece los procedimientos que debe seguir el Ministerio de Fomento para recaudar estos pagos. **¿Qué cambia o establece?** Establece que ambas tasas se paguen usando el formulario 790 estándar. El pago debe hacerse en el momento de solicitar la inscripción o la certificación, según corresponda. Permite pagar por internet a través de la sede electrónica del Ministerio de Fomento. Deroga una orden anterior de 2010 y entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

💬 Contexto ciudadano

La Orden FOM/846/2015 moderniza el régimen anterior de 2010 integrando pagos digitales mediante el formulario 790 estándar y sede electrónica ministerial, alineándose con la Directiva 97/67/CE de liberalización postal europea que impulsó competencia en el sector desde 1997. Esta normativa nacional—de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas al ser materia estatal—establece tasas registrales comparables a las de otros reguladores europeos como OfCom o Bundesnetzagentur. Su importancia ciudadana es indirecta pero relevante: estas tasas de acceso al registro condicionan la entrada de nuevos operadores postales, afectando la competencia y los precios finales de servicios de correo que usa el público.

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