Ley 10/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de Asturias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley del Principado de Asturias que otorga una ayuda económica a personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que contrajeron hepatitis C como consecuencia de los tratamientos con concentrados de factores de coagulación que recibieron en hospitales y centros sanitarios públicos de Asturias. **¿A quién afecta?** A personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas contaminadas por hepatitis C en el sistema sanitario público de Asturias, siempre que estén incluidas en el censo oficial de afectados y hayan residido en Asturias el 1 de enero de 2015. También pueden recibir la ayuda sus herederos (hijos menores, padres o cónyuge) en caso de fallecimiento del afectado. **¿Qué cambia o establece?** Reconoce una ayuda social de 12.020,24 euros que se paga en tres plazos: 3.000 euros en 2015, 4.500 euros en 2016 y 4.520,24 euros en 2017. Para recibir la ayuda es obligatorio renunciar a cualquier reclamación legal contra administraciones sanitarias por el contagio. La ayuda se complementa con la que ya otorga el Estado desde 2002.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2015, el Estado ya había reconocido desde 2002 la obligación de reparar a las víctimas del síndrome de hemofilia contaminada con hepatitis C mediante ayudas económicas, pero sin establecer mecanismos específicos por autonomía. La Ley 10/2015 de Asturias se alinea con las iniciativas de otras CCAA (Madrid, Cataluña y Castilla y León aprobaron medidas similares) que complementan el marco estatal mediante ayudas adicionales regionalizadas. Esta norma responde a un daño histórico del sistema sanitario público: la contaminación masiva de concentrados de factores de coagulación durante los años ochenta y noventa. Para los ciudadanos afectados implica reconocimiento oficial de la responsabilidad administrativa y una reparación económica más equitativa, aunque condicionada a la renuncia de acciones legales posteriores. El régimen es asimétrico entre autonomías, creando desigualdad territorial en la compensación de un daño sanitario generado por fallos del sistema público nacional, cuestión que ha generado tensiones sobre la equidad del modelo de reparación.