Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Sede Judicial Electrónica es un sitio de internet (https://sedejudicial.justicia.es) donde los ciudadanos, profesionales del derecho y la Administración de Justicia pueden realizar trámites, procedimientos y servicios relacionados con asuntos judiciales de forma electrónica y segura. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las Oficinas Judiciales del Ministerio de Justicia, a los ciudadanos que tengan que tramitar asuntos ante los juzgados y tribunales, a los abogados y procuradores, y a los órganos judiciales y administrativos de justicia a nivel nacional. **¿Qué cambia o establece?** Crea un punto de acceso único donde la Administración centraliza todos sus servicios judicales: consultar expedientes, ver resoluciones, usar firmas electrónicas, verificar documentos, hacer sugerencias y quejas, y acceder a formularios normalizados. Define que el Ministerio de Justicia es responsable de su creación y gestión tecnológica, y establece un directorio general que permite acceder desde aquí a cualquier sede judicial electrónica del país.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2015, la Administración de Justicia española carecía de un portal centralizado para trámites electrónicos, fragmentándose los procedimientos entre distintas plataformas territoriales y exigiendo comparecencias presenciales. La Orden JUS/1126/2015 responde a la Directiva 2014/61/UE y normativa LSSI-CE, armonizando la jusicia digital con otros Estados miembros que ya disponían de sedes electrónicas (como Portugal y Alemania), aunque algunas CCAA había desarrollado sistemas propios previos. Su relevancia radica en que universaliza el acceso electrónico a la justicia en todo el territorio nacional bajo un estándar único del Ministerio, eliminando la brecha digital y presencial que caracterizaba los trámites judiciales. Para el ciudadano implica reducción de tiempo, desplazamientos y costes en gestiones judiciales; para los profesionales del derecho, mayor operatividad; y para el sistema de justicia, mejora de transparencia y trazabilidad. Esta centralización convierte la Sede Judicial en instrumento de inclusión y modernización fundamental para hacer justiciable el derecho de acceso a la justicia en términos digitales.