Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifican los anexos II y IV de la Resolución de 30 de enero de 2015, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2015.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución de la Dirección General de Tráfico de 18 de junio de 2015 que modifica las medidas de regulación del tráfico que habían sido establecidas el 30 de enero del mismo año. La modificación se hace necesaria porque han abierto al tráfico la autovía A-8 (autovía del Cantábrico) y el tramo completo de la autovía A-12 (autovía del Camino de Santiago) entre Pamplona y el límite con La Rioja. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los conductores que circulan por las carreteras mencionadas en la norma: principalmente la A-8, la A-12, la N-630 y la N-634, entre otras, en las zonas de Asturias, Cantabria y Navarra. **¿Qué cambia o establece?** La norma sustituye las restricciones de circulación anteriores por nuevas. Concretamente: en los domingos y festivos de verano (3 de julio a 13 de septiembre) y en dos días específicos (12 de octubre y 8 de diciembre), entre las 18:00 y las 23:00 horas, reemplaza las restricciones que afectaban a las carreteras A-8, A-64, A-66 y AS-1 por restricciones en las carreteras N-630 y N-634. Además, modifica el itinerario permitido para el transporte de mercancías peligrosas en la autovía A-12.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución de junio de 2015 representa un reajuste operativo de la regulación de tráfico estatal tras la apertura de infraestructuras clave. Anteriormente, desde enero de 2015, la DGT había establecido restricciones en autovías como la A-8, A-64 y A-66 durante períodos vacacionales; esta modificación traslada esas limitaciones a carreteras nacionales (N-630 y N-634) debido al funcionamiento pleno de la A-8 cantábrica y la A-12, mejorando la capacidad de absorción de tráfico. La medida sigue el enfoque estatal de restricciones estacionales aplicado uniformemente en España, alineado con protocolos de seguridad vial comunitarios, y afecta a tres comunidades autónomas de la cornisa cantábrica. Su aprobación por la DGT es suficiente para su ejecución nacional, sin requerir ratificación autonómica. Para el ciudadano, importa porque redistribuye limitaciones de circulación en períodos de máxima congestión estival, impactando directamente itinerarios vacacionales y transporte de mercancías peligrosas, mejorando fluidez y seguridad en corredores de importancia nacional.