Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma que modifica las reglas sobre dos herramientas de administración digital: el registro donde los ciudadanos otorgan poder a otros para actuar en su nombre, y los certificados digitales que usan los empleados públicos para firmar documentos electrónicamente. **¿A quién afecta?** A los ciudadanos que necesiten dar poder a terceros para representarse ante la administración, y especialmente a los empleados públicos que manejan información clasificada, seguridad pública o defensa nacional (como miembros de fuerzas de seguridad, militares o agentes de inteligencia). **¿Qué cambia o establece?** Amplía el registro de poderes para aceptar cualquier tipo de representación, no solo las actuaciones electrónicas. Permite que empleados públicos en áreas sensibles usen certificados digitales con seudónimo (como su número de identificación profesional) en lugar de su nombre real, manteniendo que los juzgados puedan solicitar conocer la verdadera identidad cuando sea legalmente necesario.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 668/2015 reforma el marco normativo de administración electrónica establecido en 2009, extendiendo el registro de poderes más allá de las gestiones electrónicas y permitiendo seudónimos certificados para servidores públicos en áreas sensibles, una innovación que armoniza seguridad institucional con accesibilidad digital. Mientras la Directiva 2014/55/UE enfatiza la interoperabilidad transnacional, esta reforma española prioriza la protección identitaria de funcionarios en seguridad y defensa. A diferencia de aplicaciones descentralizadas en algunas comunidades autónomas, el RD vincula directamente con la Administración General del Estado. Para el ciudadano, supone mayor flexibilidad en representación administrativa sin comprometer datos sensibles de empleados públicos, reforzando la confianza en servicios digitales públicos.