Ley 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley de 2015 modifica la anterior ley de 2003 que regulaba los derechos de los ex presidentes de la Generalidad de Cataluña. La modificación añade nuevos mecanismos para poder revocar esos derechos si la persona no cumple ciertos requisitos, y establece normas de transparencia y rendición de cuentas que antes no existían. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ex presidentes de la Generalidad de Cataluña, es decir, a las personas que han ejercido la presidencia de Cataluña en el pasado y disfrutan de derechos como asignación económica, pensión vitalicia y una oficina con medios personales y materiales. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que los ex presidentes deben declarar anualmente sus actividades y que no pueden trabajar en el sector público o privado mientras reciben estos beneficios, salvo casos permitidos por ley. Todas sus remuneraciones, medios y actividades deben publicarse en el Portal de Transparencia. También deben presentar cada año una memoria detallada de lo que han hecho y cuánto han gastado. Finalmente, permite que renuncien voluntariamente a estos derechos o que el Parlamento les los revoque si cometen delitos, pierden honorabilidad, o si dos grupos parlamentarios o la quinta parte del Parlamento lo solicita con causa justificada.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 11/2015 transforma sustancialmente el régimen anterior que otorgaba derechos vitalicios sin mecanismos efectivos de control, introduciendo transparencia obligatoria y revocación condicionada. Mientras otras comunidades autónomas carecen de regulaciones tan exhaustivas sobre ex presidentes autonómicos, Cataluña adopta un enfoque alineado con estándares europeos de rendición de cuentas. Para el ciudadano, el cambio importa porque subordina privilegios de ex cargos públicos a conducta íntegra y actividad verificable, rompiendo con la práctica anterior de derechos prácticamente inviolables. Las incompatibilidades laborales y la publicación obligatoria en portales de transparencia reflejan una tendencia autonómica hacia mayor fiscalización política, equiparando reconocimiento histórico con exigencias de responsabilidad presente.