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ResoluciónNacionalvigente

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2015-7301Publicada: 01/07/2015MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una norma que publica los precios máximos que las empresas de gas natural pueden cobrar a los ciudadanos pequeños consumidores. Son los precios llamados "tarifa de último recurso", que el Estado fija como protección para los consumidores domésticos y pequeños negocios. Esta resolución establece esos precios para junio de 2015. **¿A quién afecta?** A los consumidores de gas natural con consumo anual no superior a 50.000 kilovatios-hora al año, que son principalmente los hogares y pequeños comercios. También afecta a los territorios insulares donde todavía no hay gas natural y se usa gas manufacturado. No afecta a las grandes empresas industriales, que negocian precios en el mercado abierto. **¿Qué cambia o establece?** Fija los precios de gas en vigor desde el 1 de julio de 2015 en dos categorías: los que consumen hasta 5.000 kWh anuales pagan una tarifa más baja, y los que consumen entre 5.000 y 50.000 kWh pagan otra. Cada tarifa tiene un precio fijo mensual (entre 4,36 y 8,84 euros) y un precio variable por kilovatio-hora consumido (entre 4,51 y 5,19 céntimos). El precio variable se actualizará cada trimestre si el coste del gas sube o baja más del 2%.

💬 Contexto ciudadano

La tarifa de último recurso de gas natural que publica esta resolución representaba la continuación del sistema de regulación de precios que España mantenía para pequeños consumidores desde la apertura parcial del mercado gasístico en los años 2000. Aunque el mercado mayorista se liberalizó, el Estado conservó el control tarifario para hogares y pequeños negocios como mecanismo de protección social frente a volatilidad de precios, alineándose con otros Estados miembros de la UE como Francia, mientras las grandes empresas negociaban libremente en mercado abierto. Esta resolución, dictada por la Dirección General de Política Energética, garantizaba un acceso asequible a la energía para consumidores vulnerables, aunque sería posteriormente suprimida en 2023.

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