Orden FOM/1468/2015, de 17 de julio, por la que se determinan para el año 2014 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de las mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que fija los costes tipo (máximos reembolsables) para el transporte marítimo y aéreo de mercancías hacia las Islas Canarias. Es parte de un sistema de compensación que cubre los sobrecostes de transporte causados por la distancia de las islas respecto al territorio peninsular y europeo. **¿A quién afecta?** A las empresas y operadores que transportan mercancías por mar o aire hacia o desde las Islas Canarias, especialmente las incluidas en el Anexo I del Tratado de la Comunidad Europea (productos agrícolas y similares). Afecta tanto a rutas entre islas como a conexiones Canarias-Cádiz (marítimo) y Canarias-Madrid/Barajas (aéreo). **¿Qué cambia o establece?** Establece para el año 2014 los precios máximos de transporte según la ruta, el tipo de unidad de transporte utilizada (kilos en aéreo; kilos, metros lineales o contenedores T20/T40 en marítimo) y si es transporte refrigerado. Estos costes tipo se detallan en un anexo con una tabla que especifica los euros aplicables a cada ruta y modalidad de transporte.
💬 Contexto ciudadano
Este régimen de compensación del transporte a Canarias encuentra su antecedente directo en el Real Decreto 170/2009, que establece el marco general para estas subvenciones de transporte afectadas por la insularidad. La Orden FOM/1468/2015 concretiza anualmente esos costes tipo máximos, una mecánica similar a la aplicada en Baleares e implementada parcialmente en otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea como Reunión o Guadalupe bajo directivas comunitarias de compensación territorial. Mientras el gobierno estatal fija estos parámetros unilateralmente, existe debate sobre si Canarias debería intervenir más directamente en su determinación, cuestión que contrasta con autonomías que gestionan sus propios sistemas de ayuda regional. La relevancia ciudadana radica en que estos topes repercuten directamente en los precios finales de productos agrícolas e importados, afectando especialmente al coste de vida en las islas y a la competitividad de empresas locales frente a operadores peninsulares; un sistema que, aunque buscaba mitigar la lejanía geográfica, genera debates sobre si la compensación es suficiente o equitativa.