Recurso de inconstitucionalidad n.º 3276-2025, contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, disposición adicional primera y anexos I y II del Decreto-ley 4/2025, de 4 de febrero, del Consell, de modificación de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València, y del Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un recurso de inconstitucionalidad es una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional cuestionando si un decreto-ley de la Comunidad Valenciana respeta la Constitución. En concreto, impugna cambios realizados en febrero de 2025 sobre las normas que protegen y ordenan la Huerta de València. **A quién afecta** Afecta principalmente a agricultores y propietarios de terrenos en la Huerta, a la administración valenciana, y a cualquier ciudadano interesado en la conservación de estas tierras históricas. También impacta en empresas con proyectos en la zona y en municipios afectados por estas regulaciones. **Qué cambia o resuelve** El recurso pone en suspenso la validez de las modificaciones que el Consell introdujo en la ley de protección de la Huerta. Si el Tribunal Constitucional declara el decreto inconstitucional, esas modificaciones se anularían y volverían a aplicarse las normas anteriores. El fondo del asunto se verá más adelante; ahora se trata de determinar si el procedimiento y contenido del decreto cumplen la Constitución. **Cuándo** El decreto se aprobó el 4 de febrero de 2025. El Tribunal Constitucional estudiará si admite el recurso y, posteriormente, emitirá
💬 Contexto ciudadano
La Huerta de València es uno de los paisajes agrarios periurbanos más valiosos de la Península Ibérica, con una historia de regadío que se remonta a la época romana y una importancia cultural y patrimonial reconocida por la UNESCO. La Ley de la Huerta de 2018 y el Plan de Acción Territorial (PAT) establecieron un marco de protección que el Decreto-ley 4/2025 del Consell modificó —según los recurrentes— de forma contraria a los intereses conservacionistas. Los cambios introducidos por el DL afectarían probablemente a los límites de la zona protegida, permitiendo desarrollos urbanos o infraestructuras incompatibles con la conservación del paisaje. La DANA de octubre de 2024 —que inundó masivamente la Huerta— añade una dimensión adicional al debate: la huerta actúa también como sistema de regulación hídrica, y su artificialización reduce la capacidad de absorción de lluvias torrenciales. El recurso constitucional es el instrumento legal de que disponen los grupos opositores para revertir estos cambios.