Reglamento UENacionalvigente

Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2015-8373Publicada: 27/07/2015TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Un acuerdo del Tribunal Constitucional de julio de 2015 que modifica su reglamento interno. Añade una nueva norma sobre lo que perciben los Magistrados cuando dejan el cargo después de trabajar en el tribunal. **¿A quién afecta?** A los Magistrados del Tribunal Constitucional que hayan servido al menos tres años. Después, cuando dejan el cargo, ellos y sus herederos (en caso de fallecimiento) pueden recibir una compensación económica. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los Magistrados que han trabajado tres años o más tienen derecho a una paga de transición durante un año, igual a lo que ganaban cuando cesaron. Pueden elegir recibirla de una sola vez o en partes. Si fallecen, la paga pasa a su cónyuge e hijos por partes iguales. Además, los que reciban esta compensación solo pueden hacer otros trabajos públicos o privados si renuncian a cobrar por ellos.

💬 Contexto ciudadano

El régimen de cese de Magistrados del Tribunal Constitucional carecía de regulación específica sobre compensaciones de transición hasta este acuerdo de 2015, que introduce una paga de un año equivalente al último salario para quienes cumplan tres años de servicio. Esta medida se alinea con sistemas comparables en cortes constitucionales europeas y Audiencias de rango superior españolas, aunque cada comunidad autónoma gestiona sus propios órganos de control con variaciones significativas. El acuerdo, aprobado por el Pleno del TC, busca garantizar independencia judicial evitando conflictos de interés post-cargo mediante restricciones sobre compatibilidad laboral. Para el ciudadano importa porque refuerza la autonomía institucional del tribunal garante de derechos constitucionales, reduce vulnerabilidad a presiones económicas de magistrados salientes y establece transparencia en obligaciones de Estado hacia sus altos funcionarios.

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