Real DecretoNacionalvigente

Corrección de errores del Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

BOE-A-2015-9737Publicada: 10/09/2015MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Un documento que corrige un error tipográfico publicado en el Real Decreto 668/2015, el cual había aparecido con una equivocación en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de una rectificación oficial de ese decreto. **¿A quién afecta?** Afecta a los jueces y tribunales, organismos públicos y personas autorizadas que necesiten conocer la identidad de quienes han firmado documentos electrónicamente usando un certificado de empleado público con seudónimo. También afecta a los prestadores de servicios de certificación que manejan estos certificados. **¿Qué cambia o establece?** Corrige una referencia de ley equivocada. Donde el decreto original mencionaba la "Ley Orgánica 15/1993", debe decir en realidad "Ley Orgánica 15/1999" (ambas sobre protección de datos). Esta corrección afecta al procedimiento por el cual se puede pedir que se revele la identidad de un firmante que usó seudónimo, respetando la ley de protección de datos correcta.

💬 Contexto ciudadano

El marco normativo de la firma electrónica con seudónimo en España se desarrolló a través del Real Decreto 1671/2009, implementando disposiciones de directivas europeas sobre servicios digitales y alineándose con estándares supranacionales que también rigen en Portugal, Italia y Francia. Esta corrección, aunque aparentemente menor, revitaliza la compatibilidad entre la protección de datos personales —regulada por la Ley Orgánica 15/1999 (reglamento que precedió al RGPD actual)— y el derecho a la privacidad en transacciones electrónicas públicas. La relevancia para el ciudadano radica en garantizar que quienes firman documentos electrónicos públicos mediante pseudónimo mantengan privacidad, mientras los tribunales pueden acceder a identidades en procedimientos legales sin vulnerar protecciones de datos, equilibrio crucial en administración digital.

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