ResoluciónNacionalvigente

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3112-2025, contra los artículos 1, apartado 3; 2; 3, inciso «las obligaciones establecidas en el artículo segundo y en» del apartado 1 y apartado 5; disposición transitoria segunda y disposición derogatoria única de la Ley 5/2024, de 26 de julio, de Concordia de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2025-11196Publicada: 05/06/2025TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Qué dice esta ley?

**Qué es:** Un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para que declare inválidos varios artículos de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana. Básicamente, alguien argumenta que esa ley vulnera la Constitución española y pide que la tumben. **A quién afecta:** A todos los ciudadanos y organizaciones en la Comunitat Valenciana, ya que esta ley regula aspectos fundamentales de convivencia. También afecta a la administración autonómica, que debe aplicar la ley mientras el tribunal se pronuncia. **Qué cambia o resuelve:** El tribunal decidirá si los artículos cuestionados son compatibles con la Constitución. Si los anula, dejarán de tener efecto legal en Valencia. Mientras se resuelve, la ley sigue vigente, pero con incertidumbre sobre su futuro. Esto afecta especialmente a las obligaciones que la ley impone (mencionadas en el artículo 2 y otras disposiciones) y sus disposiciones transitorias (reglas de aplicación temporal). **Cuándo:** El recurso se presentó en 2025 (número 3112-2025). El Tribunal Constitucional tardará meses o años en resolver. Hasta entonces, la Ley de Concordia de 26 de julio de 2024 permanece en vigor, aunque bajo revisión constituc

💬 Contexto ciudadano

La Ley 5/2024 de Concordia de la Comunitat Valenciana fue aprobada por el nuevo Gobierno regional del PP y Vox, derogando la Ley de Memoria Democrática valenciana de 2017. El recurso de inconstitucionalidad cuestiona varios artículos específicos de esta ley: el artículo 1 (objeto), el artículo 2 (obligaciones), el artículo 3 (excepciones a las obligaciones), la disposición transitoria segunda y la disposición derogatoria. Los argumentos de inconstitucionalidad probablemente alegan que la nueva ley viola el principio de irreversibilidad en derechos de reparación reconocidos a las víctimas del franquismo, que invade competencias estatales en materia de memoria histórica, o que sus preceptos son contrarios a la Ley Orgánica de Memoria Democrática de 2022. La comparación con el recurso contra la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria muestra que varios gobiernos autonómicos han optado por este camino normativo, generando un bloque de litigación constitucional sobre el alcance de las leyes de memoria.

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