Real Decreto 772/2015, de 28 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma que modifica cómo se organiza y funciona la Casa de Su Majestad el Rey tras la proclamación de Felipe VI en 2014. Establece principios básicos para que la Casa funcione con transparencia, eficiencia y claridad en sus procedimientos, especialmente en contrataciones y en la conducta del personal. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas que trabajan en la Casa del Rey, sin importar si son militares, funcionarios, directivos o personal laboral. También afecta a los miembros de la Familia Real que reciben servicios de la Casa, como seguridad y apoyo administrativo. **¿Qué cambia o establece?** Introduce reglas claras para contratar servicios basadas en concurrencia y transparencia; permite crear un Código de Conducta obligatorio para todo el personal; deja flexible el número de Ayudantes de Campo según las necesidades; permite que el Servicio de Seguridad proteja a miembros de la familia que el Ministerio del Interior determine; autoriza el uso de recursos de Patrimonio Nacional y vehículos del Estado; incluye a funcionarios de gobiernos locales en la Casa; y confirma que el Rey distribuye libremente el presupuesto anual que recibe para la Familia y su Casa.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 772/2015 moderniza la estructura de la Casa del Rey establecida por el RD 434/1988, incorporando principios de transparencia y eficiencia que respondieron a las demandas ciudadanas post-crisis de 2008 para mejorar la administración pública. A diferencia de otras CCAA que carecen de regulaciones equivalentes al ser la Corona competencia exclusiva estatal, esta norma se alinea con estándares europeos de acceso a información pública. Su aprobación exclusivamente a nivel nacional implica que afecta uniformemente a todo el territorio. Para el ciudadano constituye un avance significativo pues introduce obligaciones de concurrencia en contrataciones, Códigos de Conducta vinculantes y control en uso de patrimonio nacional y recursos estatales, garantizando mayor fiscalización del gasto público destinado a la institución monárquica.