Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Gobierno de septiembre de 2015 que modifica las reglas sobre cómo se paga a las empresas que producen electricidad con energía eólica y solar en territorios no peninsulares como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El objetivo es estimular estas inversiones para reducir el coste de la electricidad en esos territorios, que dependen más de fuentes de energía importadas. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas y proyectos que quieren instalar parques eólicos o plantas solares en los territorios no peninsulares, especialmente en Canarias. También afecta indirectamente a los ciudadanos de esas regiones, que podrían beneficiarse de una electricidad más barata si estos proyectos logran reducir costes. **¿Qué cambia o establece?** Amplía el plazo para que los parques eólicos en Canarias estén listos: en lugar de tener que funcionar antes de 2016, ahora pueden hacerlo hasta 2018. Simplifica los requisitos para participar, eliminando la obligación de depositar garantías económicas. Mantiene el límite máximo de 450 megavatios de energía eólica en Canarias. Los proyectos que ya habían solicitado esto en 2014 ahora pueden aprovechar estos plazos más largos y requisitos menos exigentes.
💬 Contexto ciudadano
La Orden IET/1953/2015 representa una flexibilización de los parámetros retributivos establecidos por su predecesora IET/1459/2014, ampliando los plazos de ejecución de proyectos eólicos en Canarias hasta 2018 y eliminando garantías económicas previas para aligerar barreras de inversión. Esta medida se alinea con el marco europeo de apoyo a renovables (Directiva 2009/28/CE) y la regulación nacional de priorización energética, diferenciándose de territorios peninsulares donde ya operaban sistemas de retribución consolidados. Mientras la mayoría de comunidades autónomas peninsulares contaba con infraestructuras eléctricas más diversificadas, los territorios no peninsulares —Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla— presentaban especial vulnerabilidad por dependencia de combustibles fósiles importados. La norma resulta relevante para ciudadanos insulares y de los enclaves norteafricanos porque busca reducir costes de electricidad mediante promoción de energías renovables locales, mejorando su competitividad en costes de suministro eléctrico respecto a la península.