Decreto-ley 4/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes de comprobación de la viabilidad de los campings afectados por riesgo de inundación en Cataluña para garantizar la seguridad de las personas.
¿Qué dice esta ley?
**QUÉ ES** Un decreto de emergencia que permite a las autoridades catalanas revisar de forma rápida y simplificada los campings ubicados en zonas de riesgo de inundación. El objetivo es verificar si pueden seguir funcionando con seguridad o necesitan hacer cambios importantes en sus instalaciones y operaciones. **A QUIÉN AFECTA** Principalmente a los propietarios y gestores de campings en Cataluña situados en áreas inundables, y a sus clientes. También afecta a los municipios, que tendrán que colaborar en estas comprobaciones, y a los organismos de protección civil responsables de evaluar riesgos. **QUÉ CAMBIA** Se acelera el proceso de inspección de estos campings. Las administraciones pueden exigir reformas en drenajes, sistemas de alerta, vías de evacuación o relocalizaciones de infraestructuras críticas sin tramitaciones largas. Los campings tendrán plazos más cortos para adaptarse y demostrar que garantizan la seguridad de quienes se alojan en ellos. **CUÁNDO ENTRA EN VIGOR** A partir del 18 de marzo de 2025. Las administraciones catalanas comenzarán a aplicar estos controles de viabilidad de forma inmediata para identificar qué campings necesitan intervenciones urgentes.
💬 Contexto ciudadano
Los campings en zonas inundables de Cataluña llevan décadas siendo objeto de atención regulatoria: el camping Los Alfaques (1978) sufrió uno de los accidentes industriales más graves de la historia de España, y varios campings han sido evacuados de urgencia en episodios de riadas del Llobregat, el Ter o el Fluvià. La DANA de noviembre de 2024 que afectó gravemente a la provincia de Valencia agudizó la sensibilidad sobre el riesgo de inundación en equipamientos turísticos. El decreto-ley catalán de 2025 establece un procedimiento de comprobación rápida para evaluar la viabilidad de los campings en zonas de inundabilidad identificadas por los estudios de la Agència Catalana de l'Aigua. La comparación con la Directive Inondations europea (2007/60/CE) —que obliga a cartografiar y gestionar riesgos de inundación— y con su aplicación en otros países muestra que España ha tardado en trasladar las evaluaciones de riesgo al régimen de autorización de actividades turísticas en zonas de peligro.