Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 11/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba una retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los empleados del sector público autonómico de Galicia.

BOE-A-2015-11178Publicada: 17/10/2015COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una ley que autoriza el pago de una cantidad extraordinaria de dinero a los empleados públicos de Galicia. Se trata de una recuperación parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que les fue eliminada durante la crisis económica. Galicia aplica una medida que ya había establecido una norma estatal. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los empleados del sector público autonómico de Galicia que perdieron la paga extraordinaria en diciembre de 2012. También alcanza a las universidades gallegas y a los centros de educación concertada (escuelas privadas subvencionadas con fondos públicos). **¿Qué cambia o establece?** Ordena pagar en 2015 una cantidad equivalente al 26,23 % del dinero que dejaron de percibir en aquel mes de 2012, lo que corresponde a 48 días de salario ordinario. Para las universidades, se aumentan las transferencias económicas en ese mismo porcentaje. Para las escuelas concertadas, se incrementan sus fondos públicos con un aumento del 1,18 % en los módulos de salarios del profesorado y gastos de funcionamiento.

💬 Contexto ciudadano

La Ley 11/2015 consolida una trayectoria de recuperación de derechos adquisitivos que el Estado español iniciara con anterioridad durante la crisis económica. Tras la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en todo el sector público, la norma estatal ya había contemplado restituciones parciales que Galicia ahora replica al 26,23 % para sus empleados autonómicos, universidades y centros concertados. Esta medida se alinea con el reequilibrio progresivo que otras comunidades autónomas también han implementado, aunque con calendarios y porcentajes variables, reflejando márgenes presupuestarios diferentes. La relevancia para el ciudadano radica en la estabilización de la capacidad adquisitiva de empleados públicos y la garantía de continuidad en servicios educativos y administrativos, además de reconocer que crisis económicas no deben consumir indefinidamente derechos laborales consolidados en el sector público.

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