Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

💬 Contexto ciudadano

La Ley 39/2015 sustituyó la Ley 30/1992, modernizando el procedimiento administrativo común de todas las administraciones públicas españolas. A diferencia de su predecesora, incorpora de manera transversal la administración electrónica y alinea la normativa estatal con directivas UE sobre transparencia y gobierno abierto. Mientras el marco anterior enfatizaba el procedimiento presencial, esta ley garantiza derechos digitales igualitarios para ciudadanos y empresas. Todas las administraciones españolas la aplican de manera vinculante, homogeneizando criterios procedimentales. Su relevancia radica en que materializa el derecho a una administración ágil, transparente y accesible, reduciendo plazos burocráticos y permitiendo seguimiento online de trámites, mejorando sustancialmente la relación entre administración y ciudadanía respecto a décadas anteriores.