Acuerdo entre los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un acuerdo entre los países de la Unión Europea que establece normas comunes para proteger la información confidencial que se intercambia entre ellos o con las instituciones europeas. Define cuatro niveles de clasificación (Tres Secret, Secret, Confidencial y Restringido) según el daño que causaría su revelación no autorizada. **¿A quién afecta?** A los gobiernos de todos los Estados miembros de la UE, a las instituciones europeas, y a cualquier persona o entidad que reciba o maneje información clasificada en estos contextos. También afecta a los terceros países u organizaciones internacionales que compartan información con la UE. **¿Qué cambia o establece?** Obliga a cada país a aplicar medidas de seguridad equivalentes para proteger esta información; exige que se controle quién accede mediante el principio de "necesidad de conocer" y habilitaciones de seguridad; prohíbe reducir la clasificación o cambiar el uso de la información sin permiso del originador; y requiere que la información se proteja adecuadamente durante su transmisión y almacenamiento en sistemas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2011 existían marcos nacionales fragmentados para proteger información clasificada, sin estándares comunes que dificultaban intercambios seguros entre Estados miembros. Este acuerdo armoniza los cuatro niveles de clasificación (Très Secret, Secret, Confidencial, Restringido) que algunos países ya utilizaban, alineándose con directrices NATO pero adaptadas al contexto europeo. Todos los Estados miembros de la UE, incluida España, están obligados a implementarlo con ciertos grados de flexibilidad en medidas de seguridad. Para el ciudadano español es relevante porque afecta a empleados públicos que manejan información clasificada y establece estándares mínimos de seguridad en la administración pública. Aunque su impacto directo es limitado para la ciudadanía general, protege datos que podrían afectar intereses de seguridad nacional y facilita cooperación efectiva en asuntos de defensa y justicia dentro de la UE.