Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2010, por la que se crea la sede electrónica del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una decisión administrativa de la Dirección General de Tráfico que modifica cómo está organizada su página web de trámites en línea. En lugar de tener todos los servicios en un único sitio, se crean espacios separados (subdominios) dentro de esa misma página para distintos tipos de gestiones. **¿A quién afecta?** A cualquier persona o empresa que acceda a los servicios electrónicos de la DGT, como solicitud de informes de tráfico, consultas de sanciones, trámites relacionados con vehículos y otras gestiones administrativas que realice a través de internet. **¿Qué cambia o establece?** La dirección principal sigue siendo https://sede.dgt.gob.es, pero ahora existen tres subdominios específicos: http://sedecr.dgt.gob.es, https://sedeapl.dgt.gob.es y https://extranet.dgt.gob.es, cada uno para servicios distintos. La norma permite crear nuevos subdominios o modificar estos en el futuro sin necesidad de una nueva resolución. Esta modificación entró en vigor el mismo día de su publicación.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2015, la DGT concentraba sus servicios telemáticos en una única sede electrónica centralizada, modelo típico de la administración española durante la década anterior; esta fragmentación en subdominios responde a tendencias europeas de especialización funcional, similares a las implementadas por organismos de tráfico en Alemania e Italia tras la Directiva 2006/123/CE. La norma, siendo estatal y de competencia exclusiva de la Administración General del Estado, no requiere aprobación autonómica pero sí se alinea con la Ley 11/2007 de acceso electrónico que impulsaba modernización digital en todos los niveles; mientras administraciones autonómicas como Cataluña avanzaban entonces hacia portales integrados, la DGT optó por especialización modular. La relevancia para ciudadanos radica en que esta estructura, aunque técnicamente permite gestión más ágil, genera fragmentación de la experiencia usuario al dispersar trámites en múltiples dominios, afectando especialmente a gestiones vehiculares frecuentes donde la accesibilidad y navegabilidad son críticas para la carga administrativa del ciudadano.